Los pueblos indígenas que habitan en el interior y en las márgenes del Parque Nacional Nagarahole, conocido también como Parque Nacional Rajiv Gandhi, en el Estado de Karnataka, se ven enfrentados a una situación dramática. Al mismo tiempo la naturaleza y la vida silvestre también están amenazadas por esta autodenominada "área protegida", ubicada en el sur de la India.

Nagarahole es una de las siete áreas protegidas (PAs) en las que el Banco Mundial está financiando con 68 millones de dólares al Gobierno de la India para el llamado Proyecto de Eco-Desarrollo. El mismo supone la transformación de una superficie total de 6.714 km2, en la que se incluyen otras áreas protegidas y reservas de tigres, ubicadas en los estados Bihar, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajastan, Kerala y Bengal occidental, afectando a una población de 48.800 personas asentadas en pueblos tribales. El Departamento Forestal y el Gobierno de Karnataka están actualmente intentando que más de 6.000 indígenas, que habitan 58 poblados al interior del Parque, abandonen su territorio. Si bien han vivido allí durante décadas, las autoridades ahora los consideran ocupantes ilegales. El mencionado proyecto también afecta al 25% de la población que vive en las márgenes del Parque, y que en el futuro no tendría acceso al mismo. Se les prohibe entrar en la selva para recolectar bienes de consumo tradicional, cazar piezas menores, construir casas, utilizar los caminos, transportar materiales y –lo que es más importante- realizar sus prácticas culturales y rituales religiosos. Tanto el Departamento Forestal como el Gobierno de Karnataka cuentan con una larga historia tras de si en materia de violaciones de los derechos humanos y culturales de las comunidades indígenas de Nagarahole.

Sin embargo el proceder de las autoridades no es aislado, sino que el Banco Mundial lo apoya. A través de manifestaciones tales como que "la población local, cuando sus derechos tradicionales y acceso se ven limitados por el establecimiento de áreas protegidas, a menudo tienen escasos incentivos para utilizar los recursos naturales de un modo sostenible" (Documento de Información del Proyecto, mayo de 1996), el Banco Mundial, financiando los fondos para el Proyecto, estimula un nuevo desplazamiento forzado de pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, y el empobrecimiento de las ya imparablemente amenazadas selvas. Irónicamente, el Banco Mundial emplea el disfraz de "desplazamiento voluntario" en lugar de mencionar que se trata de un desplazamiento forzado.

ONGs ambientales locales, preocupadas logicamente por la situación, entienden que el objetivo real del Proyecto disfrazado de conservador de la biodiversidad, es en realidad una cortina de humo para allanar el camino a la expansión de la agricultura industrial y de las plantaciones forestales en el Parque Nacional Nagarahole, tal como ha sucedido en otros lados de la India e incluso con anterioridad en varias partes del mismo Parque. Hoy en día tan sólo el 30% de su área total puede ser considerada como bosque primario. El resto ha sido destrozado por las plantaciones y la explotación forestal.

Con el Proyecto de Eco-Desarrollo el Gobierno indio está violando varias normas y compromisos contraídos relativos a sus pueblos indígenas, los reasentamientos forzados, la política forestal y el cambio climático, así como convenciones de Derechos Humanos y los Convenios 107 y 169 de la OIT sobre derechos de los pueblos indígenas. Y aun más, también han sido violadas las leyes y normas de procedimiento vigentes en la India relativas a los Parques Nacionales. En cuanto al Banco Mundial, ha ignorado el trámite fijado por su propio Panel de Inspección. Aún teniendo en cuenta que el plazo de tiempo de que dispusieron las comunidades locales para prepararse para recibir el borrador del proyecto, enviado por el Banco en setiembre de 1998 fue muy corto, lograron presentar a los visitantes un Plan Popular Alternativo frente al proyecto oficial. Empero, su propuesta fue finalmente ignorada por completo. Por último, y no por ello menos importante, cabe señalar que este tipo de proyectos no contempla los recientes conceptos en materia de conservación y protección de la naturaleza, según los cuales el reconocimiento de los métodos tradicionales y de las habilidades propias de cada cultura, así como los derechos de estos pueblos indígenas y sus comunidades locales, constituyen un elemento primordial.

Las comunidades locales, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil organizada, tales como el Centro Indio por los Derechos Humanos, con sede en Bombay, el Tribunal Indio de los Pueblos para los Derechos Ambientales y Humanos y el CORD (ONG de apoyo a los pueblos indígenas de Karnataka), continuarán en su lucha contra estas "soluciones" impuestas que, en realidad, nada tienen de positivo para la mejora del bienestar, sino que se transforman en una amenaza para la permanencia de su sustento y para la conservación de la naturaleza.